Nueva York – La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes parcialmente a favor de la Administración Trump en su solicitud para limitar la ciudadanía por nacimiento.
La decisión restringe las medidas cautelares de las cortes de menor rango para los demandantes con legitimación activa.
Básicamente, la decisión limita los poderes de los jueces para bloquear las órdenes del presidente Donald Trump en todo el país o el alcance de las medidas cautelares impuestas por los jueces para que solo apliquen a los grupos e individuos que presentaron la demanda.
El fallo, que representa una victoria para el gobierno federal, podría incidir en decenas de demandas judiciales contra las políticas del presidente.
Los jueces votaron 6 a 3 con el rechazo de los liberales.
Los conservadores aclararon que no estaban abordando los méritos del intento de Trump de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento.
En otras palabras, el tribunal no abordó la legalidad o constitucionalidad de la orden del presidente.
La jueza de origen boricua, Sonia Sotomayor, en su opinión disidente, catalogó de “vergonzosa” la decisión de la mayoría.
“Sin inmutarse, el Gobierno solicita ahora a este tribunal que conceda medidas cautelares de emergencia, insistiendo en que sufrirá daños irreparables a menos que pueda privar de ciudadanía al menos a algunos niños nacidos en Estados Unidos… La astucia de esta solicitud es evidente y el Gobierno no intenta ocultarla. Sin embargo, vergonzosamente, este tribunal sigue el juego. La mayoría de este tribunal decide que estas solicitudes, entre todos los casos, brindan la oportunidad adecuada para resolver la cuestión de los mandatos judiciales universales y poner fin a esta práctica centenaria de una vez por todas. En su afán por hacerlo, el tribunal ignora los principios básicos de equidad, así como la larga historia de medidas cautelares otorgadas a terceros”, expuso la jueza liberal según citó la BBC.
Trump había acudido en apelación al Supremo, luego de que una serie de decisiones de tribunales inferiores paralizaran la orden ejecutiva que firmó contra la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.
La Administración alegó que los tribunales menores no tenían la facultad de bloquear acciones presidenciales como esa.
