El plan del gobierno norteamericano de deportar a millones de migrantes anualmente se ha traducido en la detención y deportación exprés de personas que llevaban más de 30 años viviendo en Estados Unidos, algunas con procesos migratorios vigentes o incluso enfermedades crónicas. Sin información, sin posibilidad de defensa y sin tiempo para contactar a sus familias, muchos no son enviados a su país de origen, sino a México, un territorio en el que quedan varados, sin documentos personales, sin redes de apoyo y con sus derechos vulnerados.
Lo que las autoridades presentan como un éxito estadístico, en el terreno se ve como una crisis humanitaria donde el caos se convierte en la principal herramienta del Estado para forzar el retorno a condiciones, en muchas ocasiones, inhumanas.
Este endurecimiento de la política estadounidense ha encontrado en México su mejor aliado logístico que opera bajo una estrategia silenciosa: el desgaste. Mientras los tiempos de espera para obtener refugio llegan a extenderse hasta por un año, el sistema parece diseñado para quebrar la voluntad del migrante mediante el abandono institucional, la militarización de las fronteras y un colapso burocrático que deja a miles en un limbo legal.
Las consecuencias de esta política no se miden en cifras ni en reportes oficiales, sino en historias de vida que cambiaron de un día a otro sin previo aviso. Conrado Zaldivar Kessel, un hombre cubano de 64 años, no fue detenido en una redada ni en un operativo, simplemente una mañana salió de su casa para cumplir con un trámite que para él era de rutina: firmar la supervivencia para el pago mensual de su pensión por discapacidad que el propio gobierno estadounidense le había otorgado años atrás después de haberse lesionado al trabajar en la industria petrolera. Ese día ya no volvió a su hogar; en cuestión de horas fue detenido, trasladado a un centro de detención migratoria y deportado fuera de Estados Unidos sin posibilidad de contactar a su hija y su nieta.
